El colectivo de bomberos de Castilla y León, apoyados por colegas de otras comunidades, así como por organizaciones, partidos políticos y sindicatos, se han manifestado en contra de la privatización del servicio de rescate en su comunidad. Tente Lagunilla, antiguo coordinador técnico del Grupo de Rescate y Salvamento de Castilla y León, nos envía este artículo.
Buscando en Google encontré una definición muy interesante:
Servidor Público es aquella persona que brinda un servicio de utilidad social a la comunidad sin generar beneficios económicos, más allá del salario que pueda percibir por el desarrollo de su trabajo, un salario ajustado procedentes de recursos públicos que por tanto, pertenecen a la sociedad. Médicos, profesores, miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, son encargados de hacer llegar un servicio de calidad a la Comunidad. Son Servidores Públicos.
Esta definición contrasta con otra que encontré buscando un poquito más:
Empresa Privada: entidad creada por individuos denominados accionistas, que deciden crear una empresa con fines lucrativos con el fin de obtener beneficios de sus negocios.
Artículo en desnivel 352.
Licitar un servicio esencial para el ciudadano como el Servicio de Rescate de Castilla y León, entregándolo a manos de empresas privadas, no solo es inmoral y supone una tremenda irresponsabilidad, sino que además es ilegal, ya que por ley, las competencias de Rescate y Salvamento corresponden a los cuerpos de Bomberos Profesionales, según la Ley de Protección Ciudadana de 4/2007 de Castilla y León.
Debería ser deber de las Administraciones Públicas, gestionar y administrar con eficacia todos los recursos con los que cuentan, que no son otros que los derivados de todos nuestro impuestos, es decir, los sacados de nuestros bolsillos, y garantizar que cada partida presupuestaria destinada a la seguridad, se invierta por completo en la atención y salvaguarda del ciudadano, ofreciendo servicios de calidad a manos de sus Servidores Públicos, Bomberos, Guardias Civiles, Policías, Médicos, etc.
Resulta completamente inmoral que pueda ponerse a la venta un servicio público tan esencial como el de Rescate en Castilla y León, abriéndose al mercado a cualquier empresa que pueda buscar en él su rentabilidad económica, en el ejercicio de acudir en busca de víctimas, que por encontrarse en circunstancias de riesgo, gravedad o desamparo, han llamado solicitando el socorro a su administración.
La empresa a la que se adjudique la prestación del servicio de Rescate, buscará a toda costa su rentabilidad, tratando de gestionar al máximo los recursos para justificar el mínimo exigido por la administración y así obtener el mayor lucro posible en dicho negocio.
Irremediablemente esta gestión va a repercutir lo primero, en el salario y las condiciones de los trabajadores contratados, afectando directamente a su motivación. Del mismo modo, la empresa tratara de cumplir el contrato con el mínimo de trabajadores posibles, dentro de los mínimos exigidos. Influirá también en su futura formación, ajustándola a presupuestos más rentables dentro de la gama de cursos a realizar, así como en la propia equipación y por tanto en la seguridad de los empleados.
Hay que recordar que las condiciones de licitación de las empresas privadas que optan a realizar este tipo de servicios, deben justificar el cumplimiento de unas condiciones mínimas. El problema es que en cada apartado de los pliegos de contratación existen muchos márgenes con el que las empresas pueden jugar para obtener el mayor beneficio posible. Por ejemplo, si nos fijamos en el pliego para la licitación de los rescatadores del G.R.S. de Castilla y León, el número de trabajadores que se exige debe garantizar como mínimo, dos rescatadores al día. Es decir, que con una plantilla de 4 empleados podían dar el servicio sin problemas a costa de explotar al trabajador, generando así mayor beneficio para los accionistas de dicha empresa.
No debemos olvidarnos además que tristemente en este país, son numerosos los casos de corrupción y adjudicaciones de dudosa honestidad, como lo hizo ya en su día Consejería de Sanidad de Castilla y León, adjudicando la gestión del Hospital Universitario de Burgos a la empresa privada, provocando el endeudamiento de dicha administración.
El presupuesto de licitación del GRS supera los 300.000 €, más del doble de lo que suponía mantener el modelo de Bomberos, donde 30 profesionales con decenas de años de experiencia en trabajos de rescate, con reputada experiencia en montaña y en constante formación continua, cubrían el servicio aéreo de Rescate en el territorio de Castilla y León, prestando además un servicio integral de rescate y salvamento, terrestre, acuático, subacuático, espeleológico…..Trabajando en perfecta colaboración y coordinación con otros grupos de rescate como el GREIM, GEAS o el GERA de la Comunidad de Madrid, tanto en prácticas como en Intervenciones, formados todos por Servidores Públicos y aportando cada equipo, cada cual tan necesario e imprescindible, lo mejor de cada uno para darlo TODO si era preciso a la hora de conseguir el único fin para el que tenía sentido su existencia: socorrer y salvar a con la mayor calidad posible.
